Trabajo Dirigido
Envíos recientes
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Criterios del operador judicial para otorgar la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión frente a los tipos penales contemplados en los Artículos 365 y 376 de la Ley 599 de 2000 en Ocaña, Norte de Santander
(Facultad educación artes y humanidadesPregrado derecho, 2017-10-26)Esta monografía analiza en el ámbito del derecho penal lo concerniente a la decisión judicial y criterios que tienen los operadores jurídicos del municipio de Ocaña en la toma de decisiones de concesión de subrogados penales frente a los tipos penales contemplados en los Artículos 365 y 376 de la Ley 599 de 2000, donde se analiza la prohibición contemplada a nivel legal de conceder beneficios y la interpretación y aplicación de estos por parte de los operadores jurídicos. -
La responsabilidad estatal de la extralimitación de funciones de la Policía Nacional de Colombia en Ocaña, Norte de Santander
(Facultad educación artes y humanidadesPregrado derecho, 2017-11-21)La monografía titulada la responsabilidad estatal derivada de la extralimitación de funciones de la policía nacional de Colombia en Ocaña, Norte de Santander, recopila la normatividad, jurisprudencia e investigación acerca de las condenas por responsabilidad al estado por el exceso de uso de fuerza de miembros de la Policía Nacional. Se delimito el tema al municipio de Ocaña, encontrando a través de la oficina jurídica de control interno disciplinario los resultados obtenidos. -
Debido proceso de la secretaria de planeación y/o curadurías ciudadanas en la aplicación de sanciones e imposición de cierres de obras: infracciones urbanísticas.
(Facultad educación artes y humanidadesPregrado derecho, 2017-11-07)El presente trabajo propone cual es el debido proceso que deben seguir las secretarias de planeación municipal y/o las curadurías ciudadanas, a la hora de aplicar sanciones y multas por el cierre de obras ejecutadas sin la respectiva licencia de construcción, o que, contando con esta, construyen por fuera de lo permitido. Cabe resaltar que el debido proceso no está regulado en la Ley 388 de 1997 y tampoco en la Ley 810 de 2003,